2010 fue el plazo límite que, en el marco del Convenio de Conservación de la Diversidad Biológica (CDB), se fijaron los países firmantes del acuerdo de Gotemburgo (Suecia) hace nueve años para detener la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, este compromiso era casi un brindis al sol: con objetivos muy generales, sin indicadores específicos y sin medios para alcanzarlo, la presión sobre nuestros ecosistemas no ha cesado. El ritmo de degradación sigue su curso y las poblaciones de los países del Sur, donde se concentra el 90% de la biodiversidad del planeta, son las más amenazadas por este deterioro.
La falta de voluntad política mostrada en estos últimos años por los países desarrollados confirma que preservar los ecosistemas sigue sin ser una prioridad para nuestros gobernantes. Las políticas llevadas a cabo en el marco de la Unión Europea y por parte del gobierno español siguen sin apostar por un cambio radical de modelos de producción y consumo, que no anteponga intereses económicos a la protección del medio ambiente.
Las poblaciones más empobrecidas obtienen el 90% de sus necesidades de alimento, medicinas y combustible directamente de los ecosistemas
El 70% de la población mundial que vive bajo el umbral de la pobreza, habita en zonas rurales y es directamente dependiente de los bienes y servicios de los ecosistemas. Por este motivo, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental son dos de las mayores amenazas para la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones más vulnerables: el 90% de sus necesidades de alimentos, medicinas y combustible las obtienen directamente de los ecosistemas.
Además, otros
problemas ambientales globales como el cambio climático o la desertificación, no hacen sino acelerar la pérdida de biodiversidad. El aumento de la temperatura del planeta induce a la desaparición de numerosas especies animales y vegetales, debido a la modificación de las condiciones climáticas necesarias para su existencia. Para afrontar estos problemas, que suponen una barrera más para luchar contra la pobreza, es necesario que los líderes políticos propongan respuestas integrales y soluciones reales a largo plazo.
Conservando la biodiversidad contribuimos a erradicar la pobreza. Esta conservación debe realizarse respetando las tradiciones de las comunidades locales y los pueblos indígenas y garantizando un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos.
También es necesario tener en cuenta el papel de la mujer en las estrategias de conservación y desarrollo.
Esta Convención de biodiversidad tiene todavía una asignatura pendiente: potenciar estrategias de valorización y reconocimiento de las capacidades de las mujeres rurales como agentes de conservación y gestión sostenible de la biodiversidad. Las mujeres rurales proveen de servicios básicos a sus familias (agua, alimentos, medicinas) y tradicionalmente se han relacionado con el medio manteniendo el equilibrio entre explotación y conservación del entorno. Por ello, las políticas y planes de gestión de la biodiversidad a nivel nacional, regional y local deberían incorporar y fortalecer el conocimiento y habilidades de las mujeres, así como su capacidad como gestoras del medio.
En el marco de nuestras acciones de
cooperación al desarrollo, fomentamos entre las comunidades locales la conservación de prácticas tradicionales sostenibles, así como la concienciación sobre alternativas productivas respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, en países como
Bolivia o Ecuador, trabajamos en la
recuperación de suelos erosionados que han perdido su biodiversidad, para que las poblaciones puedan recuperar sus cultivos tradicionales y desde una
propuesta agroecológica atender a sus necesidades básicas de alimento.
También en materia de
educación para el desarrollo, siguiendo la línea sobre comunicación, educación y concienciación ciudadana (CEPA son sus siglas en inglés) potenciada por la Convención de biodiversidad, realizamos diversas actividades: talleres de educación ambiental con la población local de los países en desarrollo en los que trabajamos, acciones de formación orientadas a público universitario en España, así como acciones de sensibilización e incidencia dirigidas al público en general.