22/03/10- El acceso al agua debe considerarse un derecho humano no sujeto a leyes de mercado

Madrid, 22 de marzo de 2010. La calidad del agua está disminuyendo en todo el planeta como consecuencia de una gestión errónea que ha generado explotación incontrolada de recursos hídricos superficiales y subterráneos y su progresiva contaminación y degradación. La carencia, en muchos casos, de instituciones públicas consolidadas, en un contexto de falta de transparencia y participación ciudadana, ha permitido que los usos productivos del agua hayan primado sobre los personales. El principio "quien contamina paga" resulta insuficiente y es preciso desarrollar nuevos enfoques de prevención de la contaminación en sus fuentes, ya que resulta más razonable y económico evitar la contaminación que depurar.

A día de hoy, las personas más empobrecidas, y en particular las mujeres, son quienes más sufren la mala calidad del agua. Más de 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable: el 40% de la población mundial carece de sistemas de saneamiento básico y unas 10.000 personas mueren cada día por enfermedades evitables, relacionadas con el agua. Desde la Coordinadora ONGD-España consideramos que esta situación no es sostenible y que es necesario avanzar en su resolución de forma conjunta y coordinada (contando tanto con los estados, las organizaciones internacionales, nacionales y locales, como con la sociedad civil en general, y teniendo como objetivo la consecución de una gestión pública, transparente, participativa y sostenible de los recursos hídricos) para mejorar el acceso al agua y cumplir así con compromisos ya adquiridos en materia de desarrollo y, especialmente, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya revisión tendrá lugar en Nueva York en septiembre.

Por eso exigimos al gobierno español, como presidencia de turno de la UE, que reitere la necesidad de reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano en la línea de lo propugnado por las Naciones Unidas y que, del mismo modo, la Unión Europea deje de considerar los servicios asociados como un recurso económico, sujeto, por tanto, a las normas del mercado. Esperamos que la UE establezca una estrategia conjunta para la gestión pública eficiente, transparente y participativa de los recursos hídricos desde la perspectiva del acceso al agua y saneamiento como derecho humano. Cabe destacar la iniciativa española de impulsar un Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con transparencia y rendición periódica de cuentas.